Las medidas económicas tomadas por el entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, fueron tachadas de “medidas liberales” que seguían el modelo propuesto por el Fondo Monetario Internacional y a las cuales se les conoció como “el paquetazo económico de CAP”.
El anuncio de estas medidas económicas y su aplicación inmediata, fueron el detonante para que los sectores populares ejercieran fuertes protestas de descontento y rechazo absoluto de estas aplicaciones económicas.
El activador de esta revuelta fue el alza en el precio de la gasolina y la consecuencia de esta medida fue el inmediato ajuste de nuevas tarifas en el precio del transporte, siendo en Guarenas, ciudad satélite de Caracas, donde se iniciaron los primeros disturbios.
Con rapidez sorprendente, lo que comenzó como una protesta focalizada en la pequeña ciudad, se transformó en cuestión de horas en un vandalismo generalizado a nivel nacional. El saqueo y la violencia desmedida se apoderaron del sentir de una población sin control alguno. Los cuerpos de seguridad del estado, fueron insuficientes para combatir aquella desmesura de furia, devastación, destrucción y pillaje.
Desbordado por los saqueos, el Gobierno declaró el toque de queda para controlar el vandalismo, aplicando lo que se conoció como el “Plan Ávila”, donde el estamento castrense asumía la custodia militar de las principales ciudades del país, lo cual implicó la utilización de armamento de guerra para el control del pillaje vandálico. Esta ola de revueltas y saqueos duró 4 días y dejo un saldo oficial de 344 víctimas y más de 3.000 desaparecidos extraoficialmente.
Consideraciones
Hoy 31 años después de aquella asonada de violencia y destrucción, vemos como nuestro País, nuestra República se encuentra en una posición que supera negativamente en números y situaciones a aquella Venezuela de entonces. Hoy vemos como el índice de desnutrición aumentó a niveles alarmantes, el índice de pobreza extrema ha superado las cotas medias, la deserción escolar supera las cifras del pasado, el quiebre del parque productivo, la devaluación y anulación de nuestra moneda, el colapso de los servicios públicos, el asalto a las instituciones y la ruptura del hilo constitucional, han transformado nuestro país en un lugar donde se ven forzadas más de 4.500.000 de connacionales a huir de un territorio, otrora rico y floreciente.
Los sucesos de febrero de 1989, son una marca que nuestra era democrática no podrá borrar.
¿Se pudo haber evitado la aplicación de las medidas por parte del Gobierno de Pérez, consecuencia de la desmedida corrupción de sus antecesores? ¿Pudieron ser aplicadas por etapas considerando a los estratos más vulnerables? ¿Actuaron bien nuestras Fuerzas Armadas?
Estas son las cicatrices del populismo de décadas que aún en la actualidad se continúa promulgando.
Hoy vemos la exacerbación de un modelo autocrático que tuvo su origen en la falencia institucional y la carencia de conciencia ciudadana.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario