Desde el inicio de esta semana, se escuchan rumores, afirmaciones, testimonios reales, acerca de la capacidad de respuesta hospitalaria del sector de salud privada de Venezuela.
Esa perplejidad causada por la insuficiencia que existe en nuestro país, para atender una pandemia que crece exponencialmente, hace que los habitantes de estas tierras alimenten las estadísticas por depresión y hundimiento anímico.
Al parecer, los cálculos previos realizados por el sector privado, en materia de asistencia hospitalaria, no son suficientes dado el incremento de casos infectados.
Este problema se incrementa aun mas, si las autoridades sanitarias no brindan el apoyo necesario.
La capacidad de respuesta de las clínicas se agota antes que la curva de contagio llegue a la cúspide máxima.
El estado tiene y mantiene la exclusividad en la realización de las pruebas PCR, un método diagnóstico que permite detectar el patógeno del virus. Mientras estas pruebas se mantengan exclusivamente bajo el dominio estatal, la detección, diagnóstico y tiempo de hospitalización se alarga más allá de lo requerido.
Es así que, por norma para que un paciente sea dado de alta, debe tener la prueba PCR NEGATIVA, entretanto el paciente no puede abandonar la Clínica. Como dijimos, el estado mantiene la centralización de estas pruebas y la demanda de las mismas pone en desventaja su capacidad de respuesta, demorando el resultado, evitando que el paciente sea dado de alta.
Las clínicas necesitan con relativa urgencia que el Estado, ceda esa exclusividad para poder mantener la rotación de camas con cierta eficiencia.
Mantener el control y procesamiento de las pruebas PCR Covid 19, por parte del estado, es una muestra más de una inexistente empatía entre el ente gubernamental y el ciudadano común.
El juego de la política no tiene cabida en cuestiones de salud. Estamos hablando de una pandemia de connotaciones bíblicas que necesita ser abordada con efectividad y eficacia.
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