Caracas, 19 de
febrero de 2020
Sociedad Venezolana de Ecología
A sus miembros y a la colectividad en
general.
Con
el apoyo y asesoría de María Lourdes González (miembro SVE y Prof. USB) y Trina
Limonggi (coordinadora de Fauna
Curiosa).
COMUNICADO
EN DEFENSA DEL
CONOCIMIENTO Y LA EXPERTICIA DE LOS PROFESIONALES EN FAUNA SILVESTRE Y SU
DERECHO A SER CONTRALORES AMBIENTALES
Sirva el presente comunicado para sentar la postura de
la Sociedad Venezolana de Ecología y la Unión Venezolana de Ornitología sobre
las recientes publicaciones en algunas redes sociales defendiendo la tenencia
de fauna silvestre como mascota, específicamente, Guacamayas.
La Ley de Protección a la Fauna Silvestre (1970)
regula las especies susceptibles a la comercialización. A nivel mundial, existe
un conjunto de especies de aves, entre ellas las guacamayas, que están vedadas
para la comercialización y tenencia ilegal; a excepción de aquellos individuos
que han sido criados en cautiverio en centros especializados como zoológicos
y/o centros de rehabilitación, dispuestos para fines legalmente avalados
(científicos en su mayoría) y que más que comercializados son movilizados
únicamente entre zoológicos bajo la modalidad de intercambios siempre y cuando
estos cuenten con la permisología requerida más el aval de los artículos I, II
y III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
(CITES).
En sus hábitats naturales las guacamayas son capaces
de volar largas distancias; encerrar a un animal silvestre que puede volar
varios kilómetros diarios dentro de un espacio confinado es similar a meterlo
preso sin haber cometido ningún crimen. Lo que fácilmente podría traducirse en
maltrato animal.
Según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana, las
guacamayas: Rojas, Bandera y Azul y Amarilla se encuentran casi amenazadas por
la disminución de sus poblaciones silvestres, debido al comercio ilegal como
mascotas. Esto implica que las guacamayas son parte del tercer grupo de aves
más amenazadas a nivel mundial, principalmente por esta causa.
Por otra parte, debe ser de conocimiento público que
la tenencia ilegal de fauna silvestre por particulares no es comparable con el
tema de ejemplares de fauna silvestre dentro de los Zoológicos de Venezuela. En
este sentido, si bien, es cierto que en la actualidad estos recintos no se
encuentran en las mejores condiciones, cuentan con la figura legal requerida
para ello, estando amparados por
las leyes ambientales y por tanto, el Estado es
directamente responsable de los ejemplares de fauna silvestre que allí se
encuentren y debe ser quien vele por el bienestar de los mismos. Considerando
además, que en estos recintos existen profesionales como biólogos y
veterinarios comprometidos por velar y recuperar ejemplares provenientes en su
mayoría de tráfico ilegal de fauna silvestre (decomisos, donaciones
voluntarias, rescate, entre otros); procurando en los casos que sea posible, la
reinserción de los mismos en vida silvestre y para este caso particular las
movilizaciones y reinserciones requieren de la permisología ambiental vigente.
Es importante resaltar que los zoológicos tienen dos propósitos esenciales:
Educar y conservar la biodiversidad, generando conocimiento de índole
científico que permite en mayor o menor medida elaborar y ejecutar proyectos de
conservación “ex situ”
(fuera del hábitat natural) con el fin de contribuir al mantenimiento de las
poblaciones naturales de fauna silvestre “in situ” (dentro de su hábitat
natural).
Asimismo, la tenencia ilegal de fauna silvestre tampoco
es comparable con la tenencia de perros y gatos (fauna doméstica), pues se
entiende como fauna silvestre a todo aquel ejemplar que no ha sido modificado
genéticamente, no se encuentra bajo control del ser humano bajo ningún concepto
y además cumple con un rol importante a nivel de ecosistemas naturales
contribuyendo al equilibrio de los mismos; en el caso particular de las
guacamayas, loros y pericos, estos ejercen una función importante dentro de su
hábitat natural como dispersores de semillas, manteniendo así el equilibrio
ecológico de nuestros bosques. De allí la necesidad de mantenerlos libres.
Ahora bien, adicionalmente al cumplimiento de las
leyes venezolanas a cabalidad, hay un compromiso moral de no dañar a otro seres
vivos. Aunque entendemos que los sentimientos de amor son profundos por estas
aves, también debe haber respeto y comprensión sobre su libertad junto con el
hecho innegable de que merecen seguir así; en los casos donde se evidencie que
estos necesiten ser ayudados, se deben buscar siempre opiniones y asesorías de
expertos cumpliendo con los canales regulares dispuestos para tal fin.
Por otro lado, condenamos el ciberacoso y los ataques
en todas sus formas realizados a la bióloga Diana Duque que correctamente instó
a mejorar sus prácticas a un ciudadano y figura pública que mantiene cautivas
ilegalmente a una pareja de guacamayas silvestres, quien en reiteradas veces
mostró imágenes alimentándolas con productos manufacturados que son para
consumo humano y que los veterinarios recalcan son perjudiciales para la salud
de estos animales. Además de utilizarlos para comercializar prendas de ropa con
imágenes alusivas a estas, acciones que también están penadas por los artículos
27, 41, 44 y 45 de la Ley de Protección a la Fauna Silvestre Venezolana.
Enfatizamos la necesidad de buscar la asesoría de
expertos y apoyar los proyectos de conservación que se realizan actualmente
dentro de nuestro país, con el fin de evitar que estas malas prácticas se
conviertan en un denominador común que amenace nuestra fauna silvestre de
manera constante y busque incentivar aún más el tráfico ilegal; el cual se ha
buscado controlar durante años de trabajo de investigación de una gran cantidad
de biólogos conservacionistas en Venezuela y fuera de nuestras fronteras, donde
el tráfico ilegal de fauna es la segundo delito más grave a nivel mundial
después del tráfico ilícito de armas y de drogas.
Finalmente, queremos hacer un llamado de atención a la
sociedad civil venezolana por el bienestar de nuestra convivencia y en función
de poder construir una Venezuela sostenible; es decir, un país
en donde el respeto a los derechos humanos y
ambientales, a la democracia, a la legislación, a la justicia y a la valoración
de las contribuciones individuales y colectivas sean la norma. No podemos nunca
dar la espalda a la razón, ignorar el conocimiento y experiencia, ofender en
lugar de argumentar con evidencia científica y empírica, ni mucho menos
denigrar en función de estereotipos artificiales. Así mismo, hacemos un llamado
responsable a todos aquellos particulares, empresas y entes públicos que tengan
influencia en medios masivos de comunicación y sean percibidos como modelos o
líderes por los ciudadanos a siempre dirigirse al público de forma respetuosa,
a informarse para no promover conductas inadecuadas ni actos ilícitos, a
recordar siempre que la academia está abierta a resolver inquietudes y buscar
respuestas en conjunto, pero sobretodo a no ser parte de la desinformación y
odio que ha destruido el tejido social y descontextualizado los valores y
principios de convivencia y respeto.
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