LA SOCIEDAD VENEZOLANA DEMANDA UN
MECANISMO URGENTE DE CONCERTACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA PARA RESPONDER A LA
PANDEMIA DEL COVID-19
La sociedad civil venezolana hace un llamado a los
actores políticos a trabajar en una solución que permita la articulación de lo
necesario para atender la emergencia humanitaria agravada por la pandemia, más
allá de las gestiones para resolver los conflictos políticos, tomando en cuenta
que el avance del Covid-19 y sus consecuencias sobre la vida de los venezolanos
exige medidas inmediatas que reconstruyan las capacidades institucionales del
Estado venezolano para poder asistir y proteger a la población.
El país se enfrenta a la pandemia en medio de una
emergencia humanitaria compleja. Entender este contexto y las debilidades
estructurales de Venezuela para enfrentar la emergencia sanitaria y humana que
se nos avecina nos impulsa a demandar a los actores políticos que tienen hoy la
responsabilidad en la conducción del Estado, así como a la Asamblea Nacional, y
los distintos sectores sociales a asumir la responsabilidad histórica de abrir
los caminos que permitan adoptar medidas urgentes, efectivas y necesarias para
preservar la vida de la mayoría vulnerable a los graves impactos de la pandemia
del COVID-19, y en base a ello hacemos las siguientes recomendaciones:
1. Enmarcar todas las acciones que se adelanten en el
respeto y garantía de los derechos humanos de la población, entendiendo que la
sola asistencia es insuficiente si no brinda protección.
2. Crear un mecanismo de interlocución entre los
equipos interdisciplinarios ya conformados por ambos actores políticos y un
Consejo Asesor de la Sociedad Civil, integrado por personas expertas, nombradas
sin consideraciones de tipo ideológico-políticas, de los ámbitos de la salud,
la alimentación, la economía, la organización comunitaria, para avanzar unidos
junto a los organismos multilaterales en la coordinación de la respuesta
nacional al COVID-19 con el concurso de todos los sectores de la vida nacional.
3. Poner todos los recursos disponibles para que la
atención médica necesaria sea accesible a todos los sectores de la población,
especialmente a los sectores vulnerables de bajos ingresos, niños, niñas y
adolescentes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, comunidades
indígenas en ciudades y zonas remotas y personas en cárceles y centros de detención.
4. Tomar todas las medidas posibles para proteger a
los trabajadores del sector salud, incluyendo el que cuenten con todos los
insumos, equipos y condiciones necesarias para realizar su labor en las
actuales circunstancias.
5. Garantizar la emisión de salvoconductos y
suministro de combustible a transportistas de alimentos y medicamentos, con el
fin de proteger los circuitos de abastecimiento e igualmente al personal de
salud, actores en acción humanitaria y defensa de derechos humanos, personal de
medios de comunicación y personas con condiciones crónicas de salud que deben
asistir a centros hospitalarios para recibir tratamiento.
6. Atender los casos de personas que quedaron en
terminales dentro y fuera del país sin recursos y posibilidades de trasladarse.
7. Coordinar las acciones de la Fuerza Armada Nacional
y demás órganos de orden público, así como protección civil y bomberos según
las recomendaciones emanadas por los equipos de expertos que hacen frente a la
pandemia y su apego a las normas internacionales de respeto a los derechos
humanos. Prohibir las actuaciones de grupos de civiles armados en labores de
orden público.
8. Garantizar el acceso irrestricto a la información
pública y permitir el libre ejercicio de los medios de comunicación, así como
facilitar los medios de protección a su personal, con el fin de garantizar el
derecho a la información de la población.
9. Acordar que la vocería de la autoridad sanitaria
que informe regularmente sobre los retos y adelantos de las decisiones y
acciones, por los medios públicos y privados, en alocuciones abiertas y
periódicas sea ejercida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.
10. Incorporar políticas para garantizar los servicios
públicos y medios de vida de toda la población, con especial foco en los
sectores más vulnerables, como los trabajadores informales y por cuenta propia,
adultos mayores, jubilados y pensionados, trabajadores asalariados cuya
remuneración mensual no cubre el costo de la canasta alimentaria y personas en
situación de pobreza, personas en situación de calle, que no cuentan con
recursos acumulados para permanecer en aislamiento durante un largo período.
11. Atender con extrema urgencia las necesidades de
salud, agua e higiene de las personas privadas de libertad, y las específicas
de las personas enfermas, mujeres y menores de edad en cárceles y centros de
detención, además de reducir el número de reclusos mediante medidas
humanitarias para quienes estén en condiciones especialmente vulnerables y no
acarren peligro, y poner en libertad a todos las personas presas o detenidas de
forma arbitraria por motivos políticos.
12. Los beneficios de estas medidas deben ser
distribuidos a través de mecanismos universales, sin mediaciones de adscripción
que condicionen a los beneficiarios. Debe contemplarse un mecanismo para las
personas no bancarizadas y valorar que hay un alto porcentaje de personas,
especialmente mayores que no cuentan con tarjetas de débito. Así mismo se deben
gestionar y activar grupos de apoyos domiciliarios que permitan identificar y
brindar asistencia a personas mayores que viven en situación de soledad o
personas con discapacidad.
13. Garantizar la prioridad absoluta en el acceso a
políticas públicas, programas y servicios a niños, niñas y adolescentes. De
forma especial resulta indispensable asegurar la operatividad del sistema de
protección de niños niñas y adolescentes conforme a lo establecido en la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como establecer
una propuesta estructurada y viable para garantizar el acceso a la educación,
tomando en consideración las dificultades en el acceso a internet y otras
plataformas de comunicación. Debe orientarse adecuadamente a los padres y
cuidadores para acompañar a los niños y adolescentes en este proceso.
14. Valorar la utilización del Mecanismo Humanitario
de País de la Organización de Naciones Unidas, desplegado bajo los sólidos
principios de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad e Independencia Operativa,
como espacio institucional compartido por los sectores políticos, para
canalizar la ejecución y contraloría de proyectos urgentes para atender, en
medio de la pandemia, a la población. Esto implicaría abrir un espacio de
cooperación entre ambos actores políticos con la participación de la Comunidad
Internacional en el que sectores de la sociedad civil venezolana podrían
colaborar como garantes de cumplimiento.
Convocamos a todos los sectores de la vida nacional, a la Comunidad Internacional y los Organismos Multilaterales, organizaciones de sociedad civil hermanas de otros países, personalidades y en especial a los gobiernos de Noruega, Canadá, los Estados Unidos, la Unión Europea, gobiernos de América Latina y el Caribe, Rusia, China, Cuba, a demandar, respaldar y acompañar estos acuerdos humanitarios y políticos en favor del pueblo de Venezuela.
Caracas,
04 de abril de 2020
https://forms.gle/
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