Han sido muchas las manifestaciones de protesta frente a los aumentos de las tarifas de transporte, en tal sentido van surgiendo interrogantes, ¿se justifican estos aumentos? ¿A quién compete revisar los mismos? ¿Prestan los choferes un buen servicio al cubrir las rutas?
En un país donde los factores de producción han ido mermando por la aplicación de políticas económicas absurdas, donde existe una aniquilación del valor de la moneda de curso legal y donde se ha empoderado en el intercambio comercial una divisa transnacional como lo es el dólar, pretender que los bienes de insumos y consumo mantengan un equilibrio inflacionario es totalmente irreal y absurdo.
Aunado a esto, el salario mínimo responde a una tasa que fija el gobierno sin tener coherencia frente a una economía hiperinflacionaria, convirtiéndolo en uno de los salarios más pobres de América Latina.
De cara a estos escenarios, ¿cómo puede el ciudadano de a pie enfrentar el incremento de las tarifas del transporte urbano? ¿Debemos dirigir nuestras demandas al sector de los detentadores de las rutas urbanas, a los prestadores del servicio (autobuseros) o a los veladores de que los servicios públicos lleguen al usuario que los requiere, léase Municipio?
El Gobierno Municipal, no es el culpable ciertamente, pero es el ente encargado de ejercer acciones o establecer políticas integrales orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sería de gran ayuda que el Municipio y el Concejo Municipal asumieran funciones e impulsaran contratos, convenios o acuerdos con los prestadores de servicio público, en este caso con los transportistas o los dueños de las líneas autobuseras que transitan por el municipio e igualmente ejercieran una labor de contraloría y apoyo financiero para lograr un servicio optimo.
Uno de los mayores impedimentos para el ciudadano es encontrar la forma de pagar el servicio, no solamente por lo costoso si no por la imposibilidad de manejo de dinero efectivo del bolívar, que es aún nuestra moneda. A su vez no existe una relación entre el costo del servicio y la retribución para quien lo utiliza diariamente. El descontento que se genera frente al trato abusivo de los choferes no permite establecer una conexión de empatía frente a las exigencias que hacen los dueños de las líneas quienes también son victimas de la inflación extrema, con las personas que hacen uso del transporte. A este malestar se une el de los ancianos y los escolares, quienes son rechazados por los choferes que irrespetan las tarifas preferenciales para este sector de la sociedad.
La merma del parque transportista, coloca nuevamente en desventaja al usuario, quien al final de cuentas es el eslabón más afectado.
En general hay que hacerle frente a este problema urbanístico y dado que las medidas no pueden ser tomadas de manera unilateral, se deben sentar la Alcaldía, el Concejo Municipal, los representantes de las rutas asignadas al Municipio y la Sociedad Civil a discutir un plan que favorezca a las partes afectadas.
Mientras tanto la agonía continua.
