Desde
Baruta En Movimiento, nos sumamos a la carta que será entregada al Dip. Ángel
Medina, en su carácter de Presidente de la Comité de Postulaciones Electorales,
que tiene la responsabilidad de elegir a los nuevos Rectores que conformarán la
Directiva del Consejo Nacional Electoral, para que retomen sus actividades,
suspendidas en el mes de marzo del año 2020, producto de la entrada en vigor de
la cuarentena por el COVID-19.
A
Continuación la carta:
Estimados
Diputado Ángel
Medina
y demás
integrantes del Comité de Postulaciones Electorales
Presentes.-
Compartimos la
preocupación y angustia de la mayoría del pueblo venezolano por los riesgos que
significa para todos la pandemia mundial desatada por el coronavirus. Por ello
entendimos el comunicado público emitido por ustedes a mediados de marzo donde
nos informaban la decisión de suspender sus actividades hasta nuevo aviso.
Argumentaron que esa suspensión tenía por propósito respetar las condiciones
impuestas por la cuarentena decretada. Parecía en un principio que sería una
suspensión por un corto tiempo, pero pasan las semanas y la suspensión se
mantiene.
Tienen ustedes
ante el país la enorme responsabilidad de viabilizar el nombramiento de los
nuevos rectores que conformaran un nuevo Consejo Nacional Electoral que
garantice mayores grados de equilibrio e imparcialidad, que posibiliten también
mayores niveles de confianza en el sufragio como herramienta de resolución de
conflictos. Para el logro de ese objetivo, como muy bien saben ustedes, arribar
a acuerdos políticos es fundamental. El nombramiento del Comité del cual
ustedes forman parte es un claro ejemplo de ello.
La sentencia Nº
65 del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 26 de mayo del 2020, lejos de
ayudar a la resolución de la compleja crisis política e institucional con
serias implicaciones sociales y económicas, la agrava y plantea nuevos retos
para lograr el pleno funcionamiento del parlamento. Toca ahora no solo cumplir
con las funciones que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Electoral les
manda: convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar ante la plenaria de
la Asamblea Nacional las listas de las candidatas calificadas o los candidatos
calificados a integrar el ente rector del Poder Electoral, de conformidad con
lo establecido en la Constitución y esta Ley, sino hacer del Comité, como
espacio de confluencia política, un lugar para la discusión de un acuerdo político
que permita avanzar en la solución de la complejísima crisis venezolana.
La Asamblea
Nacional es el espacio natural para la discusión y cristalización de los
acuerdos políticos que el país requiere y ente indispensable para gestionar los
recursos financieros necesarios para atender los gravísimos problemas que
enfrenta la nación, y si bien deben preservarse todas las medidas sanitarias
necesarias para evitar riesgos innecesarios, el país reclama hoy más que nunca
el encuentro y debate entre las partes. El Comité de Postulaciones, como
señalamos, es el último vestigio de institucionalidad en el que los diversos
factores políticos en conflicto confluyen y, por tanto, está llamado a poner
todas sus capacidades de hacer política para el curso futuro del país.
Durante estas
semanas de cuarentena seguramente a muchos nos ha tocado participar en
reuniones virtuales con la asistencia de más de veinte personas. Podría el
Comité asumir esa modalidad. La discusión del agravamiento de la crisis
institucional generado por la sentencia N°65 del Tribunal Supremo de Justicia y
la aprobación del reglamento interno del Comité y del cronograma de actividades
puede, con seguridad, transitar este camino. Igualmente es posible que por vías
digitales de comunicación sean recibidas las credenciales de los postulados.
Los firmantes de
esta comunicación, electores y diversas organizaciones sociales, queremos
exhortarlos a levantar la suspensión de actividades del Comité y que se aboquen
a trabajar, con la urgencia que la crítica situación del país reclama, en los
nuevos retos que hoy tienen para el restablecimiento de la institución que
representan, así como en cumplir las funciones emanadas de la Ley Orgánica del
Poder Electoral.
Los ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales que suscribimos el presente documento, en ejercicio de los derechos y deberes inherentes a nuestra ciudadanía, observando la severa profundización de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país por la propagación de la COVID-19, la marcada escasez de combustible y, por ende, las ya notables fallas en el abastecimiento de alimentos y medicamentos entre otros bienes de consumo indispensables, exhortamos a todos los sectores del país, en especial a las Universidades, las Academias Nacionales, los Colegios de Abogados, al empresariado, a las organizaciones sindicales y en general, a toda la sociedad civil y a los ciudadanos, para que urjan a los actores políticos al pleno restablecimiento de la Asamblea Nacional, a fin de que esta, en el mismo marco de urgencia, proceda a regular, mediante ley, el tratamiento que debe dársele a la enfermedad COVID-19 y, en especial, a sus gravísimas consecuencias en la vida de cada habitante de este país y en la sociedad venezolana. Nuestro pedimento parte de las siguientes premisas y consideraciones:
1. Con motivo de la detección en Venezuela de la enfermedad COVID-19, el 13 de marzo de 2020 fue decretado el estado de alarma durante 30 días. Ante la persistencia de la transmisión de la enfermedad, el 12 de abril pasado el estado de alarma fue prorrogado por 30 días más.
2. Es facultad de la Asamblea Nacional como titular del poder legislativo intervenir en el vencimiento y renovación de decretos de excepción, de acuerdo con lo que dicta la Contitución acerca de la duración y límites de su contenido, cuando son necesarios en una emergencia sanitaria como la surgida con la pandemia de Covid-19.
3. El estado de alarma es, en efecto, una de las formas que puede revestir el estado de excepción. Su declaratoria supone, esencialmente, que se dota de manera excepcional al ejecutivo nacional para sustituir la legislación en vigor por normas que faculten a los órganos del poder público para hacer frente y controlar la situación que lo justifica, pudiendo incluso sustituir la regulación legislativa referida al goce y ejercicio de los derechos humanos, con las excepciones que estableció el propio constituyente.
4. Cualquier forma de estado de excepción tiene como fundamento de hecho el acaecimiento de circunstancias extraordinarias “que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas” y; como fundamento de derecho, que las facultades que el ordenamiento jurídico acuerda, en ese momento, a los órganos del poder público son insuficientes para hacer frente a tales circunstancias (artículo 337 de la Constitución; artículo 2 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción).
5. Entre los diversos principios aplicables a toda medida de excepción, que pueden leerse en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (artículos 3 al 6), resalta su carácter temporal; es decir, la limitación en el tiempo de la facultad que se acuerda el ejecutivo nacional para dictar las normas necesarias para enfrentar las circunstancias extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones, que normalmente deberían ser adoptadas por el poder legislativo.
6. Sin embargo, nada garantiza que en un tiempo determinado, mediante la aplicación de las normas excepcionales, pueda alcanzarse el objetivo; por lo que la Asamblea Nacional, cuyo funcionamiento no se interrumpe en virtud del estado de excepción (artículo 339 de la Constitución), debe proceder a legislar en la materia. Esto se nota cuando se miran los plazos acordados por el constituyente a las diversas formas de estado de excepción que ha definido, que no necesariamente son suficientes para poner fin a las circunstancias que lo justifican, pues entre otras cosas son impredecibles tanto las circunstancias en sí mismas, como sus consecuencias.
7. En efecto, nadie puede asegurar que, en 90 días (o 180), pueda ponerse fin a un conflicto armado internacional; ni que en 60 días (o 120) pueda resolverse una crisis económica derivada de la abrupta caída de los precios del petróleo; ni mucho menos que pueda ponerse fin a una epidemia como la producida por el SARS Cov2 en 30 días (o 60). Por eso, la Asamblea Nacional, titular del poder legislativo y, además, órgano de control político del ejecutivo, debe intervenir si advierte que las circunstancias que justifican la declaratoria del estado de excepción no desaparecerán durante su vigencia y, mediante ley, otorgar a los diversos órganos del poder público las facultades que resultan necesarias para hacerles frente y a los ciudadanos la garantía del goce y ejercicio de los derechos humanos.
8. De acuerdo con el comportamiento de la pandemia a nivel mundial, es posible advertir que 60 días no serán suficientes para que, mediante la legislación de excepción decretada por el ejecutivo, más allá de su ilegitimidad democrática, se restablezca o se dé protección a la seguridad de las instituciones y los ciudadanos venezolanos, de manera de poder volver a la “normalidad”.
9. Por eso, la Asamblea Nacional, órgano del poder legislativo, debe actuar de manera urgente para dictar una ley mediante la cual se regulen las situaciones de hecho que afectan la normalidad de la vida del país, en especial las que suponen o implican la restricción de garantías constitucionales.
10. Por otra parte, de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos, parece que es solo a través de los diversos mecanismos internacionales de ayuda humanitaria y, a todo evento, del crédito internacional, que Venezuela podrá acceder a los medios necesarios para tratar los problemas derivados de la COVID-19.
11. Los hechos demuestran que el acceso a esos medios se ve gravemente afectado por la crisis institucional que se manifiesta, entre otros aspectos, mediante la dualidad de jefaturas de Estado y de órganos deliberantes; unos ejerciendo el poder en el interior de la República y otros ejerciéndolo en el ámbito internacional, al menos ante las potencias occidentales y regionales más importantes e, incluso, en el seno de la Organización de Estados Americanos.
12. Desde el punto de vista constitucional, específicamente del Estado social de derecho proclamado en el artículo 2 de la Constitución, no tienen asidero ni la paralización de la Asamblea Nacional impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia, ni la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el Presidente de la República con el aval del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. En ambos casos, lo que se desconoce es el principio de soberanía popular, como tantas veces se ha reclamado.
13. Es por ello que, no solo para restablecer la soberanía nacional, sino más específicamente para avanzar en la solución de la complejísima crisis venezolana habría que rehabilitar a la Asamblea Nacional, como espacio natural para la discusión y cristalización de los acuerdos políticos que el país requiere, de modo que esta pueda proceder a regular, mediante ley, la gestión de la crisis derivada de la propagación del SARS Cov2, de la escasez de combustible y de las gravísimas consecuencias de ambas situaciones extraordinarias con la participación de todos los sectores políticos que representan el mandato de más de 14 millones de venezolanos.
Mas
de 100 Líderes representando a Sindicatos, Empresariado, Iglesias, Gremios,
Estudiantes, Organizaciones Sociales y ONGs, se dieron cita en el Auditorio Tobías
Lasser, en la Facultad de Ciencias de la UCV.
El
objetivo, reafirmar nuestro compromiso por buscar una ruta pacífica, electoral
y constitucional a la crisis que vive el país desde hace años, utilizando como
herramientas la organización, la movilización y la sinergia entre los distintos
sectores de la sociedad.
El
convocante es un grupo de Organizaciones Civiles y ONGs agrupadas en “Dialogo
Social” que es un espacio de encuentro y articulación, funcionando desde el año
pasado, ha permitido el acercamiento entre sectores, buscando acuerdos y
consensos en distintos temas que ocupan el quehacer cotidiano de la crisis.
Es
necesario destacar que este Encuentro es el primero de su tipo que se realiza
en Venezuela en los últimos años con representación tan plural y diversa,
sumando esfuerzos y voluntades para concertar una ruta y lograr cambios en el
país. Propuestas tan importantes como el dialogo bipartito entre Empresarios y
Trabajadores para buscar fórmulas que permitan mejorar la calidad de vida de
los trabajadores por un lado y la sostenibilidad de las Empresas por el otro.
El
acuerdo por las bases, iniciativa del sector sindical para unificar la protesta
y las reivindicaciones de los trabajadores desde las bases sociales no
necesariamente sindicalizadas. Las actividades de formación y los proyectos
sociales que llevan adelante distintas organizaciones No gubernamentales para
promover la participación ciudadana y el empoderamiento de las comunidades en
torno a sus problemas y lograr mitigar el impacto de la crisis.
El
necesario entendimiento entre Partidos Políticos, Organizaciones Sociales,
Sindicatos, el Liderazgo Espiritual de la nación y las ONGs, procurando
establecer una agenda común respetando los espacios y los distintos roles que
cada quien tiene.
La
sinergia y cooperación entre los sectores será la clave para el fortalecimiento
de esta RED CIUDADANA que tendrá como norte la defensa de los derechos de los
venezolanos, naciendo con renovado ímpetu y con muchas ganas de trabajar por el
Venezuela.
El país nos demanda comportarnos
fraternalmente los unos con los otros
VOCES DE LA SOCIEDAD CIVIL – COMPROMISO POR
VENEZUELA
1)Venezuela avanza el 2020 enfrentando una crisis multidimensional
sin parangón en la historia reciente. Es tiempo de promover vías y mecanismos
de entendimiento para avanzar hacia un
escenario de compromiso que permita al país un tránsito pacífico hacia la
gobernabilidad del estado.
2)Nos solidarizamos con el pueblo venezolano en su digna aspiración de superar la gravedad de
la crisis que hoy enfrenta la nación sumida en una emergencia humanitaria
compleja. Emergencia que demanda respuestas urgentes y concretas regidas bajo
los principios humanitarios, teniendo como norte no sólo la asistencia, sino
también la protección de las personas y sus derechos, especialmente aquellas
que enfrentan condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad.
3)Estamos frente a una situación que sólo puede resolverse a través de un acuerdo entre los actores
políticos. La salida negociada a la crisis en Venezuela supone el reconocimiento del otro, la identificación de áreas elementales en
donde se pueda acordar una solución aceptada mutuamente, que reduzca los
costos políticos para los actores y que permita avanzar en la construcción de
un piso firme y constitucional que garantice una estabilidad democrática sustentable.
Video Rueda de Prensa, 10 02 2020
4)Venezuela es un país con una profunda vocación democrática, pero,
en medio de las extremas
circunstancias que atravesamos, la vía electoral se convirtió en un campo minadoen el que los venezolanos no confían.
Quienes hoy nos reunimos, creemos firmemente que la solución tiene que ser
pacífica, electoral y democrática.
5)Urge la reconstrucción urgente y transparente de la
ruta electoral de forma que garantice condiciones y garantías de
competitividad para elegir y para ser electos; en definitiva, para que el voto,
recupere su carácter de expresión ciudadana y permita enrumbar el país a una paz
sostenible, a una verdadera transición y a un cambio estable.
6)Reconocemos que las características que dominan la dinámica de la inestabilidadpolítica han potenciado, a través de los años, un proceso
de pérdida de confianza en detrimento del voto como instrumento básico del
ejercicio de la democracia.
7)Hacemos un llamado a todos los actores políticos y sociales a asumir la construcción de soluciones pacíficas
donde las elecciones libres son clave. Un primer paso concreto sería
avanzar en la conformación del comité de postulaciones electorales de forma
institucional y nombrar un nuevo CNE a través de un acuerdo político.
8)Reconocemos el rol institucional de una Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB) cuya acción debe estar “al servicio exclusivo de la
Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”; es hora
de mantener la cohesión de la FANB en el impulso de un gran acuerdo nacional
que permita el libre ejercicio del voto como derecho político.
9)Reconocemos y valoramos positivamente el rol que han tenido los
órganos y agencias de la ONU en la visibilización
de las violaciones de DDHH y de la crisis humanitaria, al igual que
la labor de la Comunidad Internacional en apoyar a la poblaciónvenezolana
en estas difíciles circunstancias. Así mismo, hemos
instado a que Naciones Unidas asuma un rol más protagónico y vocal en la
restitución de los derechos civiles y políticos en Venezuela sin que dicha
participación se manipule en favor de un determinado sector ni sirva para
validar ejercicios fraudulentos e ilegítimos.
10)Nos toca a los ciudadanos y a la sociedad civil, defender los derechos civiles
y políticos y la vigencia del voto y exigir
condiciones necesarias para su ejercicio libre y eficiente.
11)Lograr esto es posiblepara construir
un acuerdo marco y acuerdos específicos que de él se desprendan, teniendo
como norte a la gente y a sus más urgentes necesidades y derechos
conforme a los estándaresinternacionales. estamos convencidos de que no hay posibilidad cierta de
salir de esta aciaga coyuntura sin el compromiso de todos los venezolanos
Los ciudadanos,
organizaciones y movimientos sociales que nos manifestamos hoy ante el país,
representamos voces de la sociedad civil que demandan la búsqueda de soluciones a la crisis.
Soluciones institucionales, sujetas a las normas que fundamentan el Estado de
Derecho, capaces de estimular el entendimiento entre los diferentes actores.
Urge que la deliberación sobre los asuntos públicos
retorne al Parlamento, espacio natural previsto en la Constitución para tal
ejercicio;y que a este le sea devuelta
su autonomía y su capacidad de expresión y beligerancia.
Insistimos en que el primer paso hacia este
objetivo sería avanzar en la conformación del Comité de Postulaciones
Electorales que permitirá el nombramiento, a través de un acuerdo políticoen la Asamblea Nacional, de un nuevo CNE que
cuente con el reconocimiento de todos los sectores del país.
Con este norte, hemos
avanzado una serie de encuentros con diversos actores políticos para darles a
conocer nuestras aspiraciones y propuestas.
Sostuvimos una primera
reunión con el diputado Ángel Medina, integrante de la comisión preliminar para
la conformación del Comité de Postulaciones Electorales, así como con miembros
de los partidos con representación mayoritaria en la Asamblea Nacional; en la
misma los exhortamos a agotar los esfuerzos para recuperar el pleno
funcionamiento de esta instancia cuya legitimidad está basada en el acuerdo
político, logrado en 2019, entre los distintos factores representados en el
Parlamento.
Por otra parte y, tras
varias semanas solicitando una reunión con los factores opositores que hacen
vida en la Mesa de Diálogo Nacional, concretamos un encuentro con tres de los
partidos allí representados. Enel
mismo, les comunicamos nuestro desacuerdo con el desarrollo delas negociaciones en esa instancia, y los
exhortamos a iniciar un amplio proceso de consulta con los diversos sectores
del país, de manera queel convenio que
allí se adelanta sea expresión real de las aspiraciones y deseos de los
venezolanos y no de un acuerdo diseñado a la medida del grupo en el poder o de agendas
políticas particulares.
Asimismo, nos reunimos
con el diputado Francisco Torrealba, jefe de la fracción parlamentariaque representa al PSUV y sus aliados,con el fin de hacerle entrega de una
comunicación en laque expresamos la
urgente necesidad de la incorporación efectiva de los diputados del PSUV a la mencionada
comisión preliminar, de forma que, con la representación plural de las fuerzas
políticas pueda avanzarse en la designación de los representantes de la
sociedad civil en el Comité de Postulaciones Electorales y, con ello, dar pasos
firmes para el nombramiento de un CNE que promueva la participación ciudadana
en los procesos electorales.
Avanzar en la designación
de rectores de forma unilateral, utilizando atajos como el Tribunal Supremo de
Justicia o un pretendido acuerdo en la Mesa de Diálogo Nacional, en nada ayuda
a la construcción de confianza de los ciudadanos ni al fortalecimiento del voto
como instrumento de cambio democrático.
Eventos electorales
construidos en base a estas premisas sólo lograrán mayor rechazo y abstención
que los registrados en el año 2018, y lejos de resolver el conflicto político,
prolongará la pugna entre los actores dejando de lado el sufrimiento del pueblo
venezolano.
El país demanda, de forma ineludible, la restitución
de los derechos civiles y políticos de los venezolanos con el fin de
reconstruir la ruta electoral. Esta, es una tarea que requiere el compromiso y
la participación activa de todos y cada uno de los venezolanos. Sin el
compromiso ciudadano por el rescate de nuestros derechos, no será posible la
reconstrucción de la democracia en Venezuela. Todos somos necesarios, todos
somos responsables de todos.
Entrega de carta a Diputados del Psuv a través del Diputado Francisco Torrealba
Estamos haciendo entrega hoy de
esta carta dirigida a los diputados Willian Gil, Nosliw Rodríguez, Jesús Montilla y Julio
Chávez, miembros electos por la bancada del PSUV y sus aliados para conformar
el Comité Preliminar de Postulaciones
para nombrar nuevas autoridades electorales.
Para leer completa la carta entregada a los Diputados del PSUV, pulse el enlace:
Organizaciones y personalidades que respaldan la carta entregada a Diputados del PSUV:
1. A.C. Mèdicos Unidos de Venezuela 2. AC Agora 3. Acceso a la Justicia 4. Alfa Ciudadana 5. Alianza Venezolana por la Salud 6. Alternativa 1 7. Asociaciòn Civil Mujeres en Lìnea 8. Asociación Civil Saber es Poder-AsoSaber 9. Asociaciòn Civil Vida y Luz (Asoviluz) 10. AsoHorizonte 11. Baruta en Movimiento 12. Caracas Ciudad Plural 13. Carlos Guerra, abogado. 14. Catedra de Derechos de la UCLA 15. Catia Posible 16. CC Trebipar 17. Centro de Acción y Defensa por los DDHH 18. Centro de Justicia y Paz - Cepaz 19. Colegio de Enfermería del DC 20. Comisiòn para los DDHH del Estado Zulia- CODHEZ 21. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) 22. Convite AC 23. El Paraiso Organizado Sociedad Civil 24. Equilibrio Hatillano 25. Escuela de Vecinos de Venezuela 26. Eugenio Martìnez, periodista 27. FAPUV 28. Foro Ciudadano 29. Foro Hatillano 30. Francisco Martìnez, empresario. 31. Fundaciòn Centro Gumilla 32. Fundación Comunidades Ciudadanas del Municipio Sucre 33. Fundación para el Desarrollo Integral (FUNDESI) 34. Fundación para el Estudio y Desarrollo de la Democracia 35. Gladys Chow Lee, Médico Cirujano 36. Gobiérnatec 37. Ininco-UCV 38. Innova Venezuela 39. Intersectorial Nacional de Jubilados Pensionados y Sobrevivientes. 40. Jesus Castellanos Vásquez, politòlogo 41. Jesùs Chùo Torrealba, periodista 42. Jhorvys Alvarez, abogado 43. Judith Brazòn, activista social 44. Junquito En Movimiento 45. Justicia y Paz OP Venezuela 46. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) 47. La Urbina Activa 48. Labo Ciudadano 49. Laboratorio de Paz 50. Las Piloneras 51. Luis Francisco Cabezas, politólogo 52. Montalbán en Movimiento 53. MOSBASE 54. Movimiento Ciudadano Dale Letra 55. Observatorio Electoral Venezolano 56. Observatorio Global de Comunicaciòn y Democracia 57. Oportunidad Acciones Ciudadanas 58. Organización para la Prevención Nacional de la Corrupción 59. Organizaciòn Stop VIH 60. Provea 61. Radar de los Barrios, A.C. 62. Red de Observaciòn Electoral de Asamblea de Educaciòn 63. Red de Organizaciones de Baruta 64. Red La Trinidad 65. Red Nacional de Activistas Ciudadanos por los DDHH - REDAC 66. Revista Sic del Centro Gumilla 67. Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil 68. Soledad Morillo Belloso, periodista 69. Ucevistas por la Unidad de las Fuerzas Democráticas 70. Uniandes AC 71. Unicristiana 72. Venezuela a futuro 73. Yaya Andueza, periodisa 74. Yelitza Linares, periodista
En el mes de marzo de 2019 luego del peor apagón de la historia del
país, un grupo de Ingenieros Eléctricos muy calificados y miembros de algunas
organizaciones no gubernamentales (ONGs), agrupados en la Plataforma #DialogoSocial, presentaron a una instancia
internacional un anteproyecto titulado: Recuperación Temprana del Sistema Eléctrico
Nacional…
Esa instancia es la CAF (Corporación Andina de Fomento), la respuesta en ese momento fue considerar que era posible un primer aporte para atender áreas críticas del
Sistema Eléctrico Nacional. Inmediatamente se procedió a conformar una Mesa de trabajo con técnicos
calificados representando todos los sectores políticos, sociedad civil
organizada y representantes de instancias multilaterales. Luego de meses de
trabajos, a finales del mes de julio, la Mesa Técnica instalada acordó 4
Proyectos puntuales para mejorar el sistema eléctrico de los Estados Zulia, Táchira,
Miranda y Nueva Esparta, estos proyectos mejorarían de manera importante la
calidad del servicio eléctrico e impactarían la calidad de vida de cientos de
miles de venezolanos.
En una situación de conflicto político y luego de la declaratoria de una
Emergencia Humanitaria Compleja, donde a diario se pierden vidas de venezolanos
por falta de servicios básicos, medicamentos y alimentación o se agravan las
condiciones de vida de millones, lograr acuerdos para la ejecución de proyectos
que impacten de manera positiva la calidad de vida de los venezolanos y
contribuyan a salvar vidas es una necesidad que debe colocarse por encima del
conflicto político.
Pero surgen dudas razonables sobre la propuesta de “Acuerdos Sectoriales
que Contribuyan a Salvar Vidas”, tal vez la más importante es que entregarle
al Gobierno de Nicolás dinero en calidad de donativo o de préstamo sería
alimentar el entramado de corrupción, malversación e ineficiencia que ha
caracterizado la gestión de los últimos 20 años, efectivamente nunca estaríamos
de acuerdo en entregarle el dinero a los Ministros de Nicolás, tampoco la CAF
estaría dispuesta, así lo declararon el 9 de octubre (https://elpitazo.net/internacional/el-caf-desmiente-a-juan-guaido-no-estamos-evaluando-un-prestamo-a-venezuela/). Para el manejo del dinero se ha propuesto un método
que garantice su uso adecuado de manera transparente. El mecanismo
es otorgar el dinero para su administración a una instancia internacional como
las Naciones Unidas que ya está instalada en el país, con el apoyo, supervisión
y control de sociedad civil organizada para que ejecute la Contraloría Social, la Inspección sobre los Proyectos y aprueben los pagos de manera directa a los
Contratistas que ejecutarán las obras.
El acuerdo técnico está listo y concertado, ahora les toca a los
políticos, pues el crédito para la ejecución del Acuerdo Eléctrico está disponible,
así lo han manifestado nuestras fuentes. Repetimos e insistimos el conflicto
político no puede estar por encima de las necesidades “básicas” de los
ciudadanos de este país, evitemos que se sigan perdiendo vidas de venezolanos….
La paralización de la negociación facilitada por el gobierno de Noruega y el reciente anuncio de la firma de un llamado “Acuerdo Nacional" que no cuenta con la representatividad de la mayoría de los actores políticos y sociales del país, expresada sí, en una Asamblea Nacional, que alberga la diversidad de pensamientos y posturas políticas, de acuerdo con la voluntad manifestada por el pueblo de Venezuela en el año 2015, nos conmina a hacer la siguiente declaración:
Los ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales que suscribimos este pronunciamiento consideramos que un acuerdo pacífico y negociado es la vía para avanzar con pasos firmes y sostenibles hacia la solución de la grave crisis que atraviesa el país. Un acuerdo que tenga como marco el respeto a los derechos humanos y a las instituciones, y cuyo norte apunte al restablecimiento del sistema democrático que garantice la participación de la mayor cantidad de actores políticos y sociales para contar con la representatividad necesaria, incluyendo a la Asamblea Nacional; todo esto con el claro objetivo de llevar a cabo unas elecciones presidenciales libres, transparentes y auténticas que resuelvan la crisis de gobernabilidad que hoy enfrenta la nación.
Nuestro compromiso, trabajo y acciones se han enmarcado en la promoción y apoyo a una solución pacífica y negociada, dentro del marco constitucional y, que promueva el encuentro de la diversidad y pluralidad de actores políticos, sociales y económicos que están presentes en la Venezuela actual. La legitimidad y efectividad de las negociaciones, los acuerdos y el diálogo requiere de procesos plurales y transparentes en los que participen la diversidad y complejidad de actores que hacen vida en el país.
Instamos a todas las partes a trabajar de forma conjunta en la búsqueda de un Acuerdo Nacional Amplio que debe contar con el respaldo de la Asamblea Nacional; solo así podrá generar confianza y ofrecer soluciones creíbles a la crisis humanitaria que azota al país, en lugar de profundizar y prolongar el conflicto político. El parlamento nacional es la instancia que más de 14 millones de venezolanos escogieron como centro de debate y acuerdo en las elecciones del 2015.
Consideramos necesario que el mecanismo de negociación promovido por Noruega sea reactivado a la mayor brevedad posible, rediseñando su composición y funcionamiento con el fin de facilitar la inclusión de nuevos actores nacionales e internacionales que puedan fortalecer el proceso y que permitan la incorporación de propuestas de los distintos sectores de la sociedad : educadores, trabajadores, estudiantes, gremios, empresarios, comunidades indígenas, movimiento feminista, campesinos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades entre otros. Exhortamos a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a la creación de una mesa de entendimiento nacional que pueda alimentar la dinámica del mecanismo de negociación y garantizar la inclusión de todos los actores políticos y sociales. No hay viabilidad en el país sin un acuerdo político integral que incluya a todos: Venezuela necesita gobernabilidad, respeto a las instituciones y canales de participación para todos los sectores de la sociedad sin exclusiones de ningún grupo.
La prioridad debe ser el respeto a los derechos humanos y la solución de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC): ante la constatación de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y frente a una EHC que se agudiza día a día, reflejada en el informe de la oficina de la Alta Comisionada para las NNUU, los derechos de todos los venezolanos deben ser el norte que guíe las acciones que se presenten al país. Urge construir acuerdos que abran las puertas a la asistencia y protección de los venezolanos de manera inmediata, poniendo en primer lugar a la persona humana. Con ello, ganaría el país, se aliviaría la tensión social y se acercaría el tiempo político al tiempo social, abonando el terreno para la confianza entre las partes y la construcción de los acuerdos necesarios para sacar a Venezuela adelante.
En este sentido, un signo de confianza que puede mostrar el grupo en el poder, es acoger la reciente resolución del Consejo de DDHH, acordada el 27 de septiembre pasado, en la que se aprobó el establecimiento de una “Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos”, que investigue las violaciones de derechos humanos en el país, y que busca asegurar la “plena rendición de cuentas” y justicia para las víctimas en Venezuela.
Vemos positivamente el regreso del PSUV y sus aliados a la Asamblea Nacional, para cumplir con el mandato de sus representados. Es necesaria ahora la mayor voluntad política de todas las partes para lograr regularizar el funcionamiento del parlamento y garantizar el respeto a sus decisiones por el resto de los poderes públicos, para desde esta institución producir las transformaciones necesarias para recuperar la normalidad democrática y humana a la que aspiran todos los venezolanos. El espacio natural de DIÁLOGO entre las diversas fuerzas políticas de un país es el parlamento. La Asamblea Nacional, dada sus atribuciones constitucionales y su legitimidad derivada del voto popular, es la institución idónea para dirigir el proceso de transición democrática y, por tanto, debe garantizarse la libertad y garantía plena de los derechos políticos y civiles de los diputados y diputadas de dicha institución, así como su pleno funcionamiento de acuerdo al marco legal vigente. Igualmente valoramos positivamente la propuesta realizada por la Asamblea Nacional, en el mecanismo promovido por el reino de Noruega, para la conformación de un Consejo de Gobierno de Transición Plural, que asegure la participación de todos los sectores, dé respuesta inmediata a la severa crisis nacional y conduzca al país a la celebración de unas elecciones presidenciales libres cuyo resultado logre la gobernabilidad necesaria para dar soluciones a la grave crisis que atraviesa la nación.
La construcción de un proceso de negociación inclusivo con acompañamiento de la Comunidad Internacional que dé sostenibilidad a los acuerdos y permita reconstruir el tejido social entre los venezolanos es una tarea y una responsabilidad impostergable.
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